El presidente Alberto Fernández dio instrucciones a los ministros de su gabinete para acelerar la coordinación de los programas nacionales que apuntan a dar respuesta a los problemas de vivienda, entre los que se cuentan los planes de urbanización de barrios populares y los programas Procrear, que tiene nueve líneas de créditos, y Reactivar, indicaron hoy fuentes oficiales.
La más reciente de las acciones en la búsqueda de soluciones fue la puesta en marcha ayer de la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, para avanzar en mayores niveles de participación social e intercambiar ideas y propuestas para eliminar la fragmentación de las políticas territoriales, que debilita la eficacia de la gestión.
En la reunión de apertura del Comité Federal de la Mesa, que integran más de 140 organizaciones, se acordó impulsar la aplicación de los marcos legales para la ejecución de políticas de suelo, facilitar la llegada a programas con financiamiento estatal para la generación de lotes con servicios, reconsiderar aspectos tributarios y fiscales que impacten sobre el suelo, y asistencia técnica y capacitación.
Entre las iniciativas ya en marcha se encuentran los planes de urbanización de barrios populares, a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un presupuesto de 8.000 millones de pesos, producto de un fideicomiso que se sustenta con el ingreso del 30 por ciento de lo que recauda el impuesto país.
En la Secretaría ya hay 46 expedientes iniciados para concretar la urbanización de los barrios populares en distintos puntos del país, de los cuales 18 están en marcha y 28 se efectivizarán en los próximos días, según dijeron a Télam fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Daniel Arroyo.
El principal instrumento para esta tarea es el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) que tiene como objetivo el financiamiento para la implementación de los proyectos de urbanización, que abarcan a más de 4.400 barrios populares de todo el país, y cuyas obras deberán adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo integradas, preferentemente, por los vecinos y habitantes de esos barrios.
Fuente: Télam