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Titulares

ANTICIPO DE METADATA

Diputados piden saber la cantidad de estatales que están en uso de licencia con nombre, apellido y sindicato para evitar “condicionamiento” del Gobierno

La presentación fue realizada por los diputados Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera de Juntos por el Cambio. Exigen al gobierno provincial la lista de estatales que actualmente están utilizando la licencia gremial. El pedido busca evitar que la actividad sindical se vea “condicionada” por el pago salarial del Ejecutivo.

En el pedido de informe presentado hoy en Legislatura y al que accedió en exclusiva Metadata, los diputados radicales solicitan al Gobierno que “detalle la cantidad de trabajadores estatales provinciales que se encuentran en uso de licencia gremial, incluyendo en cada caso nombre y apellido; asociación sindical a la que pertenece; cargo que desempeña en el gremio; período de vigencia de la licencia; ministerio o área de desempeño habitual de servicio; sueldo bruto; y responsable del pago del salario”.

En los fundamentos, la iniciativa recuerda que, hace aproximadamente un año, el Poder Ejecutivo anunció que daría cumplimiento a un fallo del Superior Tribunal de Justicia que indicaba que los trabajadores que hacían uso de las licencias gremiales “no debían percibir el salario de parte del empleador”, es decir, del Estado Provincial.

Pagliaroni y Aguilera afirman que la actividad sindical “sin ninguna duda goza de merecidos reconocimientos de parte del Estado a través de leyes nacionales que protegen la misma, cuidan a los representantes sindicales a los efectos de no ser perseguidos por su actividad, preservan su fuente laboral mientras ocupan cargos en asociaciones sindicales y aún después de finalizar la función”.

Los legisladores ratificaron que “en esa lógica de cuidar a los representantes sindicales y la actividad que desempeñan, es que la normativa nacional claramente expresa que a los efectos de no ser condicionados de manera alguna, los salarios de los trabajadores que hacen uso de estas licencias no deben ser abonados por el empleador, sino por la propia organización sindical”.

“Creemos importante señalar que la responsabilidad en el cumplimiento de esta obligación recae en el Poder Ejecutivo, y que su inobservancia es una falta grave a las obligaciones de los funcionarios responsables”, concluye el pedido de informe.

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