El fiscal general Omar Rodríguez calificó como “abiertamente dilatoria” la actitud de la defensora de cinco de los imputados en la causa de los sobreprecios en obras para el Ministerio de Educación del Chubut que pidió más tiempo de plazo en el proceso penal porque no puede abrir en su computadora una pericia informática.
Se trata de la exjueza comodorense y ahora defensora particular Gladys Olavarría que defiende a Daniel Schmidt, Félix Currumil, Roxana Pereira y Jorge Santucho. Todos, junto a la ex ministra de Educación Graciela Cigudoza, se encuentran imputados en esa causa cuya investigación estaría en su etapa final, previa a la audiencia preliminar al juicio oral y público.
Olavarría presentó un escrito ante el juez de garantías Fabio Monti en el que afirmó que “no podía abrir el secuestro número 30”. Se trata de una de las pericias informáticas que realizaron los investigadores del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General.
Sostuvo que “no tendría problemas en que los peritos del Ministerio Público Fiscal nos facilitaran el material, pero como se encuentran en aislamiento por un caso de Covid-19 es que los mismos no se presentaran a trabajar durante el transcurso de quince días, por lo que solicitamos la suspensión del plazo del artículo 294 hasta tanto la fiscalía pueda cumplir con lo informado y poner a disposición de esta parte la pericia del secuestro Nro. 30”.
INAUDITO
Rodríguez concluyó que “resulta inaudito” que bajo el paraguas de que “su máquina no tiene memoria suficiente para abrir el secuestro” solicite se suspendan los plazos.
Por estos motivos, solicitó al juez Fabio Monti que “rechace el planteo, toda vez, que es abiertamente dilatorio, y no existe ningún tipo de agravio atendible, en función que la defensora cuenta con toda la evidencia que pretende introducir la fiscalía en la audiencia preliminar al momento de discutir sobre su pertinencia y relevancia”.
En caso de ser necesario, el fiscal sugirió que “se convoque a una audiencia con la parte agraviada, personal informático, para que el el juez pueda verificar lo que manifiesto, con el objeto de poder superar este entuerto, reanudar los plazos y llevar a cabo la audiencia preliminar”.
El fiscal general Rodríguez presentó la acusación en julio de este año, y hasta la fecha no se ha llevado a cabo la audiencia preliminar a fin de debatir sobre la admisibilidad de la prueba, la calificación legal, como así también resolver cuestiones planteadas por las defensas respecto a los pedidos de sobreseimientos solicitados.