El Fondo de Vivienda e Infraestructura de Servicios (Fonvis) es una ley aprobada hace dos años, vetada por el Ejecutivo e insistida por los diputados, quedando firme.
La norma establece la creación de un fondo conformado por el 4% de las regalías petroleras que debería retener el Ministerio de Economía, para que en forma automática se transfiera a los municipios y comunas rurales.
El reparto de los fondos para los intendentes y jefes comunales de Chubut se realizaba bajo los mismos criterios de distribución de las regalías petroleras y estaba destinada a que los municipios otorguen créditos a los vecinos para construir su vivienda propia o para llevar los servicios hasta zonas alejadas.
Otro de los objetivos de la ley era terminar con la intermediación de las empresas o, al menos, ofrecer la posibilidad de construir viviendas a un precio más accesible y lo ocurrido la semana pasada evidencia esta problemática: El Gobierno de Chubut adjudicó la construcción de 75 viviendas por un monto 320 millones, dejando un costo promedio por casa de $ 4.266.666.
Desde que entró en vigencia la ley, los intendentes no recibieron un solo centavo por esta ley, pero tampoco reclamaron.
De acuerdo a los ingresos de los últimos tres meses en concepto de regalías petroleras, que rondó en los 2.000 millones, a los municipios les hubiese correspondido repartirse 80 millones de pesos y casi $ 1.000 millones al año.
De esos 1.000 millones, Comodoro Rivadavia debería haber recibido 400 millones para entregar créditos para viviendas o servicios, Trelew $ 126,8 millones, Puerto Madryn $ 85 millones, Esquel $ 46,7 millones, Rawson $ 43,5 millones, Paso de Indios $ 13,7 millones, Gualjaina $ 8,5 millones, Gobernador Costa $ 10 millones, Buen Pasto $ 2,2 millones y Lago Puelo $ 17,2 millones, entre otros municipios y comunas rurales.
Sin embargo, el manejo de fondos para viviendas y servicios sería mucho mayor este año, debido a que el precio del barril de petróleo roza los 60 dólares, un valor que significará ingresos aproximados por mes de $ 3.000 millones.
Desde el Ejecutivo sostienen que la ley no está reglamentada. Muchos de los intendentes consultados no tenían conocimiento sobre esta ley y, en algunos casos, ya estaba por activar reclamos al gobierno provincial para que libere los fondos.