“Gracias al trabajo realizado junto con los legisladores y los actores del sector, nuestro país cuenta con un instrumento actualizado para asumir los desafíos de la transición energética y alentar el trabajo y la producción”, expresó en un comunicado el secretario Martínez.
Tras su paso por Diputados a principios de mes, la Cámara de Senadores aprobó esta madrugada el nuevo régimen de promoción para la industria de los biocombustibles, con 43 votos a favor y 19 votos en contra.
La norma apunta a brindar certidumbre y condiciones que permitan el desarrollo de una actividad diversificada y eviten la concentración en el sector.
El secretario Martínez consideró que “con esta ley reafirmamos la voluntad del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el camino de cuidar el trabajo de los argentinos y las argentinas, brindando al sector de los biocombustibles un horizonte de mediano y largo plazo para continuar su expansión, en la misma senda de la ley original”.
Con el objetivo de proteger la diversidad de emprendimientos asociados al biocombustible, la ley establece en forma taxativa que las empresas productoras y/o destiladoras de hidrocarburos no podrán ser titulares ni participar de empresas dedicadas a la actividad.
La ley tendrá vigencia hasta el año 2030, y establece nuevos porcentajes de cortes para nafta y gasoil en relación con los distintos componentes que participen de su elaboración: en el caso de la nafta, pauta un mínimo obligatorio de 12% de bioetanol y una eventual reducción al 9%.
Para el gasoil el corte mínimo del biodiésel será de un 5%, con una eventual reducción al 3%, mientras que para el caso de la caña de azúcar deberá contemplar un mínimo de 6% de mezcla obligatoria.
Sobre las características de esta reglamentación, el secretario evaluó que “los niveles de corte definidos son el resultado del diálogo con los actores productivos, y tienen como objetivo sostener e incrementar la actividad, que es generadora de puestos de trabajo”.
La Secretaría de Energía quedó definida como autoridad de aplicación del régimen y, además, se contempla la creación de una “Comisión de Biocombustibles” con la participación de organismos nacionales y de un “Consejo de Provincias Productoras, dos instancias que permitirán monitorear el estado de la actividad y las necesidades de cada región del país.