Las medidas económicas implementadas en las últimas dos semanas, después de la derrota electoral en las primarias, tuvieron un costo fiscal de casi $70 mil millones, por el lado del gasto y de las exenciones. Desde el gabinete económico leyeron en las urnas que una de las causas del traspié fue la situación económica, y por eso se lanzaron en medidas para “fortalecer ingresos”.
La consultora Equilibra, que dirige el macroeconomista Martín Rapetti, estima que de cara a las elecciones generales la política expansiva superará los $230 mil millones, equivalente al 0,5% del PBI, aunque menor a la expectativa que tenía el mercado, luego de la carta de la vicepresidente, Cristina Kirchner, que planteaba acelerar el gasto para alcanzar el déficit fiscal presupuestado. Desde el equipo económico aseguran que el financiamiento “está jugado” y la cantidad de reservas es limitada para respaldar el gasto público.
La primera medida anunciadas luego de la derrota electoral fue la ampliación de la obra pública, al poner en marcha 25 obras en 14 provincias, con una inversión de $3.114 millones, en un contexto donde todas las miradas se posaron en los tiempos de la ejecución presupuestaria. Luego llegó la suba del salario mínimo, que impacta en más de un millón de planes, como el Potenciar Trabajo, por lo que implica un gasto adicional en prestaciones de $5.517 millones.
Tras el cambio de gabinete, esta semana llegaron nuevas medidas. El lunes fue el anuncio del programa “Registradas”, en la que el Estado subsidiará la mitad de los salarios de trabajadoras de casas particulares, con un costo de $4.050 millones, si se alcanza el objetivo “moderado” de registrar a 90 mil trabajadoras. Otro plan con perspectiva de género anunciado las últimas semanas fue “Mi Pieza”, para la ampliación de vivienda de mujeres en barrios del Renabap, con un costo estimado total de $2125 millones, según Equilibra.
La medida más llamativa, dado que no se implementaba desde 2004 en el gobierno de Néstor Kirchner, fue la de establecer jubilaciones anticipadas, para personas que no cumplan con la edad jubilatoria, pero si con los 30 años de aportes. Desde Anses aseguraron que la estaban analizando desde antes de las elecciones, para llegar a desocupados considerados “grandes” para el mercado laboral, pero “jóvenes” para jubilarse. De todos modos, esta medida es la de menor costo fiscal, con 1.500 millones, dado que abarcaría hasta 30 mil personas, con haberes de $50 mil.