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Titulares

EXCLUSIVO DE METADATA

Arcioni y Giacomone proponen una reforma profunda en la Fiscalía de Estado: Más transparencia, desistir de juicios “antieconómicos”, reparto de honorarios y una comisión con diputados

En los últimos días ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que modifica al menos 24 artículos de la ley que regula a la Fiscalía de Estado. Podrán archivar juicios cuando el reclamo no supere un mínimo de dinero. El Fiscal tendrá la facultad de designar a personal de su dependencia, como la de proponer a sus subrogantes y remover al personal sin estabilidad. Se creará la Comisión de Transacciones Judiciales que estará integrada por el Ejecutivo y diputados.

El Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, con el aval del gobernador Mariano Arcioni, envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca consolidar profundas reformas al funcionamiento de la dependencia.

Metadata accedió en exclusiva al texto, que al menos busca modificar o adherir nuevo contenido a 24 artículos distintos de la Ley V N° 96 que establece los parámetros del funcionamiento de la Fiscalía de Estado y de los funcionarios que la integran.

Uno de los primeros cambios se da en el artículo 3 de la ley mencionada anteriormente, que está estrechamente relacionada al acuerdo legislativo para designar a los subrogantes del Fiscal de Estado.

Para Giacamone y Arcioni, esta obligación de contar con el aval de los diputados es necesaria modificarla porque “exigir que todos los subrogantes del Fiscal de Estado cuenten con acuerdo legislativo, ha puesto seriamente en riesgo la asunción transitoria de las competencias del Fiscal de Estado tras producirse sucesivas vacancias en los cargos”.

El Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, fue el autor intelectual del proyecto que contó con el aval del gobernador.

En este marco, proponen modificar el artículo 6° con el objeto de definir el orden de subrogancias e incluir en estas al agente de mayor jerarquía y antigüedad en la planta permanente, evitándose de este modo caer en un supuesto de acefalía.

NO INICIACIÓN DE JUICIO POR SER “ANTIECONÓMICOS”

En los fundamentos del proyecto al que tuvo acceso Metadata, “se estipula la facultad expresa de disponer la no iniciación o archivo de juicios, cuando el contenido patrimonial no supere un monto mínimo, evitándose de este modo la inconveniencia de instar reclamos judiciales por montos exiguos por resultar a todas luces antieconómicos y, por ende, perjudiciales a los intereses patrimoniales del Estado”.

En consonancia con lo anterior, se propone incorporar el artículo 13 bis, estableciendo “precisos límites” a la misma, para lo cual “exige la previa autorización del Poder Ejecutivo a los planteos de allanamiento y desistimiento de las acciones”, a la vez que se prescinde de la misma cuando se trate de recursos judiciales, así como la celebración acuerdos de pagos y sobre costas.  

DISTRIBUCIÓN DE HONORARIOS Y DESIGNACIÓN DEL PERSONAL

Otro de los artículos que buscan retocar con este nuevo proyecto de reforma, es el que establece el reparto de los honorarios en los juicios donde participa Fiscalía de Estado.

El artículo en cuestión sostiene que “los honorarios que a cargo del vencido devengue la representación judicial dependiente de la Fiscalía de Estado, por sentencias consagratorias del derecho invocado por el Fisco se distribuirá en un 70% al  personal de Fiscalía de Estado de acuerdo a los parámetros porcentuales que establezca el Fiscal de Estado y el 30% se afectará a bienes de consumo, servicios y bienes de capital necesarios para el funcionamiento del organismo”.

Uno de los cambios apunta al reparto de los honorarios.

Además, tanto los honorarios percibidos por libramiento de orden de pago judicial, como los cobrados en forma directa de la contraparte deberán ser depositados a la orden de la Fiscalía de Estado, en la cuenta bancaria única denominada “Honorarios Fiscalía de Estado”. 

En forma periódica el Fiscal de Estado efectuará la liquidación correspondiente, depositándose los honorarios en las cuentas bancarias de titularidad del personal existente al tiempo de su distribución”.

Por otra parte, otro de los cambios que establece el texto le da la atribución al Fiscal de Estado de “designación del personal de su dependencia, como la de proponer la designación de sus subrogantes y remoción del personal sin estabilidad, compatibilizando de esta manera los alcances de sus competencias con los restantes órganos constitucionales de contralor, a la vez que sincera el ejercicio del control de legalidad de la actividad del Estado y sus funcionarios”.

COMISIÓN DE TRANSACCIONES JUDICIALES

Otra de las novedades que incorpora esta reforma en la Fiscalía de Estado está vinculada a resoluciones sobre controversias judiciales.

Para esto, propone la creación de la Comisión de Transacciones Judiciales, cuya regulación en otras provincias ha permitido brindar un adecuado cauce administrativo a los reclamos patrimoniales efectuados por particulares, en un ámbito de análisis y decisión en el que no sólo intervienen el Fiscal de Estado y los representantes del Poder Ejecutivo, sino también integrantes del Poder Legislativo, con el objeto de alcanzar puntos de encuentro entre la defensa de los intereses patrimoniales del Estado y los derechos de los administrados.

Asimismo, se prevé la facultad del Fiscal de Estado de someter a consideración de la Comisión, los acuerdos de pago y conciliatorios, atendiendo a la importancia patrimonial del asunto.

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