“Más allá de que la educación pública haya subido al podio de las noticias con motivo de darse a conocer el proyecto del presupuesto nacional para el 2023. queda en evidencia que su prioridad en el ideario nacional no ocupa la agenda política ni social, y eso explica en gran parte su postergación y las enormes e inexplicables desigualdades que están a la vista en el territorio nacional, en especial en los tres niveles de la enseñanza básica que tienen por destinatarios a niños, adolescentes y jóvenes”, esgrimieron en el comunicado.
En la misma dirección, reconocen que la actual coyuntura de la economía nacional necesita de un ordenamiento en las cuentas públicas, “pero las variables de ajuste no pueden recaer en las áreas más sensibles y vulnerables de la población, no sin efectos perjudiciales”.
Asimismo, exhibieron una profunda preocupación por el impacto que puede provocar en las infancias un eventual recorte presupuestario.
“En vista a un escenario futuro proyectado con un porcentaje interanual inflacionario –para no pocos economistas, al menos imprevisible e improbable–, los recortes, la inmovilidad en las asignaciones y los presupuestos vigentes que no recibieron aumentos, dejan al descubierto las graves consecuencias que recaen en las infancias, sobre las personas con discapacidad y en los niveles obligatorios de la educación”, señalaron desde la Conferencia Episcopal Argentina.
De aprobarse esta ley de leyes por la Cámara de Senadores sin las correcciones que no pocas voces autorizadas han observado, “estaríamos contradiciendo lo que en la Argentina se ha sostenido con orgullo, aun en los momentos más críticos, que es cuidar a las nuevas generaciones y poner todos nuestros esfuerzos por educarlas es la mejor inversión, y nunca será un gasto excesivo”.
Consideraron que para mantener este ideario, se necesita en primer lugar, “tener la valentía de colocar a la persona en el centro. Para esto, se requiere firmar un pacto que anime los procesos educativos formales e informales, que no pueden ignorar que todo en el mundo está íntimamente conectado y que se necesita encontrar otros modos de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso”.
Frente a esto, analizaron que los logros legislativos como lo son las Asignaciones Familiares (AAFF), las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), asisten a necesidades básicas de sectores sociales que ya son pobres y que “no pueden correr el riesgo de verse empujados a la indigencia, lo que se traduciría en más dolor, impotencia y sufrimiento de los pequeños, algo humillante para la comunidad nacional, que siempre se ha propuesto protegerlos, sobre cualquier otro interés”.
RECURSOS PARA MANTENER ESTAS POLÍTICAS
En este contexto, precisaron que el presupuesto de la Nación “es importante para que se resguarden los recursos para llevar adelante estas políticas integradoras en el área de la discapacidad. Eso permitiría un desarrollo auspicioso a estas personas y su inclusión social les abriría puertas hasta ahora cerradas”.
“Estas medidas no son un lujo para la sociedad, sino una inversión que posibilitará que ellas crezcan, vivan, se desarrollen, estudien, se rehabiliten, trabajen y así puedan con su presencia y actividad ser partícipes en la construcción del bien común. Hablamos de recursos presupuestarios que permitan detectar las situaciones discapacitantes en las diversas etapas de la vida, lo cual podrá generar igualdad de oportunidades para el desarrollo y su participación activa en todos los ambientes de la vida”, puntualizaron.
LA EDUCACIÓN EN TERAPIA INTENSIVA
Desde la Conferencia Episcopal Argentina consideraron vital la cobertura educativa y los avances en esta materia, aunque advirtieron sobre la deserción escolar en los últimos años.
“La Nueva Ley General de Educación se vio acompañada por una legislación que promueve la enseñanza obligatoria a partir de los cuatro años, hasta completar los estudios secundarios. Aun así, el porcentaje de la deserción escolar de los jóvenes en el país es muy alto y hace años que va en aumento, superando más del 50% –en algunas provincias los números son alarmantes–, con consecuencias graves como la imposibilidad de acceder a estudios superiores y de conseguir un trabajo formal”, detallaron.
A este cuadro de situación, se suma de acuerdo a la expresiones de la Conferencia Episcopal Argentina, “el significativo recorte presupuestario para acceder a la evaluación e información educativa”, al que describieron como “un signo más del desinterés por buscar soluciones a problemas reales para mejorar el sistema educativo, el que muestra en superficie signos preocupantes en las actuales generaciones de educandos”.